La Iglesia católica de Nicaragua enfrenta una nueva ola de hostilidades por parte del régimen de Daniel Ortega, que busca impedir que los ciudadanos que protestan contra ese gobierno se refugien en los templos o que les llegue ayuda humanitaria a quienes ya se encuentran en ellos.
MANAGUA (AFP, EFE). En momentos en que la Policía ha prohibido las manifestaciones contra el Gobierno, la persecución se disparó luego de que 11 mujeres iniciaran el 14 de noviembre una huelga de hambre en la iglesia San Miguel de la ciudad de Masaya, para demandar la liberación de más de 130 de opositores presos.
En represalia, las autoridades cortaron el servicio de agua y luz, y las fuerzas policiales rodearon la parroquia para aislar y presionar a las mujeres a desistir del ayuno.
También castigaron al párroco de la iglesia Edwing Román, un crítico del gobierno, a quien le han negado la provisión alimentos y medicinas para su diabetes.
Se cree que hay “un plan de expandir todo esto a las iglesias”, dijo en referencia a las protestas Cairo Amador, miembro de la estatal Comisión de la Verdad, creada por el Parlamento dominado por sandinistas, para investigar la violencia a raíz de las protestas que estallaron contra el gobierno en 2018.
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