Para los miembros de estas organizaciones, es evidente que el fallo de la Justicia en el caso que atañe al señor Vargas sienta un oscuro precedente e implica un gran retroceso en el impulso que se viene dando para generar transparencia en el sector público.
La lectura es que con este fallo se busca que la gente y los medios de comunicación ya no quieran pedir información pública por miedo a tener que pagar G. 7 millones de costas judiciales.
Esta situación no es leída como casual por las organizaciones, que recordaron que a partir de las modificaciones dadas a la Ley de Financiamiento Político, ahora los partidos deben rendir cuentas sobre el dinero que se invierte en las campañas durante las internas.
“Paraguay va a ser examinado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, en este momento, corre el riesgo de entrar en la lista negra por el tema lavado de dinero, y la cuestión del financiamiento político es clave para el lavado de dinero... Acá hay sectores que se oponen claramente a una ley de financiamiento con acceso a la información. Entonces, tenemos un caso donde la señal es muy clara. Acá no hay voluntad política de abrir las puertas de los partidos políticos, ni conocer cómo se maneja el financiamiento político”, expresó Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia.
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