El intendente municipal de Concepción, Alejandro Tati Urbieta podría ser imputado en las próximas horas por el delito de desacato a una orden judicial. La resolución judicial está basada en la Ley Nº 4711, que castiga el desacato de una orden judicial y en su artículo 1º determina que “El que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa. Si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta cinco años.
El intendente municipal de Concepción, Alejandro Tati Urbieta podría ser imputado en las próximas horas por el delito de desacato a una orden judicial. Tal situación se plantea a raíz de que la Jueza Gloria Mabel Torres consideró el incumplimiento de una orden emanada de su Juzgado en el marco de un amparo constitucional.
La magistrada había dado lugar al Amparo de Acceso a la Información Pública, planteado por la periodista Claudia Carolina Fischer y ordenó a Urbieta, mediante una Sentencia Definitiva, la entrega de una serie de documentos solicitados por la comunicadora a la Municipalidad. Los papeles fueron facilitados dentro de un sobre lacrado, pero una vez analizado el contenido, la mujer de prensa recurrió nuevamente ante el Juzgado, denunciando el incumplimiento.
Según argumentó Fischer en su escrito, en vez del Expediente General Nº 1015, que había solicitado, le fue entregado el Expediente General Nº 2096/18, que supuestamente es una reconstitución del 1015. Dicho documento es el del proceso de venta del Puerto Municipal o Puerto Nanawa a la firma T.L.P. S.A.
La magistrada dio la Razón a la denunciante y remitió los antecedentes al Ministerio Público, ante la presunta comisión del hecho punible de Desacato a la orden Judicial.
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