Un Tribunal de Apelaciones ordenó a la jueza Cynthia Lovera que revoque la prisión domiciliaria del empresario Carlos Alberto Franco Vargas, cuya empresa proveyó de los tapabocas sobrefacturados a la Dinac entre marzo y abril pasado, en plena pandemia. Para los magistrados del tribunal, persiste el peligro de fuga y obstrucción.
El tribunal compuesto por José Servián, José Fernández y Cristóbal Sánchez ordenó este jueves a la jueza Cynthia Lovera que revoque el arresto domiciliario al empresario Carlos Alberto Franco Vargas y lo envíe a una cárcel que ella disponga, porque existe peligro de fuga y obstrucción a la investigación. Solo Sánchez votó en disidencia para que Franco siga con arresto domiciliario.
El empresario figura con su pareja Katherine Pamela Toñánez Vera, empresaria de apenas 20 años de edad, como proveedores de los “tapabocas de oro” a la Dirección de Aeronáutica Civil y ambos cumplen arresto domiciliario desde el 12 de mayo, en el marco de la causa por lesión de confianza.
La mujer dio a luz hace solo unos meses, por lo que no puede ser llevada a una prisión. Sin embargo, los fiscales Sussy Riquelme y Luis Said sí pidieron revocar la decisión de la magistrada Lovera en cuanto al empresario Franco.
La investigación se inició luego de las publicaciones periodísticas que cuestionaban la compra de tapabocas que realizó la Dinac, a G. 29.990 cada uno, cuando en el mercado el precio del mismo producto era de G. 2.800. Esto se debió a que supuestamente las mascarillas eran de la clase quirúrgica; sin embargo, en la licitación aparecen como simples o comunes.
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