La última magistrada que estudia si entenderá en la causa es María Elena Cañete de la ciudad de San Lorenzo.
Tras la inhibición de los jueces especializados en delitos económicos y anticorrupción de la Capital, por la intervención de los abogados defensores, se apartaron por enemistad y por amistad con la defensa, la jueza de Luque también se inhibió sumándose a la serie de inhibiciones por ello el expediente sigue recorriendo en busca de un juez de Garantías. Es por ello que el expediente llegó hasta San Lorenzo, donde la jueza Cañete debe definir si se queda con el caso.
En la causa está pendiente la audiencia de imposición de medidas para los 15 imputados por un perjuicio patrimonial de 1 millón de dólares de la Gobernación, fondos que debían ser destinados a combatir el virus del COVID-19.
Además del gobernador de Central Hugo Javier González, están imputadas potras 14 personas por producción de documentos, asociación criminal y lesión de confianza.
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