Si el día de mañana lunes la Cámara de Diputados aprueba lo establecido en el Senado, que subsidia por 100 millones de dólares, vía endeudamiento a Petropar y a los emblemas privados de distribución de combustibles para la importación de gasoíl tipo III (común) y nafta virgen, se estará no solo violando la Constitución Nacional (CN) sino también dejando un nefasto precedente de índole cultural y moral.
El subsidio que pretende estabilizar los precios de los combustibles es ridículo por decir un adjetivo calificativo al que sin duda hay que agregar como un robo y una estafa en contra del pueblo perpetrado por sus “representantes”.
No se puede estabilizar un precio cuando que este oscila de acuerdo a la oferta y la demanda. Solo desde aquí ya se está violando el artículo 107 de la Constitución Nacional, que prohíbe el alza o la baja artificial de precios. Esta conclusión procede del mismo sentido común al que cualquier persona sin necesidad de contar con algún título universitario es capaz de llegar.
Y no solo eso, sino que se sabe que nuestro país es tomador de precios en el sector de combustibles. El petróleo y sus derivados no forman parte de nuestra matriz energética, por ende, estamos supeditados a que ciertos costos como el flete formen parte de una cadena que terminan siendo pagados por el consumidor final y más aún cuando somos un país mediterráneo.
El combustible en general entonces es un bien como otros cuya demanda tiene una relación inversa con el precio. Si baja la cotización, la demanda sube en determinada proporción debido a la elasticidad y, al revés, si aumenta el precio la demanda tenderá a ser menos.
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