Apenas la cuarta parte del consumo final de energéticos del mercado paraguayo es atendida por las centrales hidroeléctricas con las que cuenta el país. Las tres cuartas partes restantes siguen dependiendo de la biomasa, básicamente leña, residuos, carbón vegetal y alcoholes, así como de los derivados del petróleo, que el país no produce, razón por la cual debe importarlos en su totalidad para atender la creciente demanda.
La versión 2017 del Balance Energético Nacional, que acaba de divulgar el Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, echa por tierra las proyecciones de ciertos augures del sector energía, concebidas y propaladas con la exclusiva intención de justificar ante la opinión pública nacional proyectos inviables desde una perspectiva estrictamente económica –e inclusive técnica–, como la nueva central hidroeléctrica del brazo Aña Cua del río Paraná, que había sido presentado como una mera ampliación de la central principal de Yacyretá.
Según el balance en cuestión, en el lapso comprendido entre el 2014 y el 2017, en la estructura por energéticos del consumo final de energía se produjo una disminución del 14,21% la tajada de la torta que grafica el empleo de energía eléctrica en nuestro mercado, a pesar de que en el esquema que elaboró sobre la producción de energía primaria, a la hidroenergía le corresponde una porción superior, 63,5%, el promedio de los números correspondientes a los ejercicios 2016 y 2107.
El aprovechamiento de la biomasa (leña 66,3%, residuos 19,9%, carbón vegetal 8,4% y alcoholes 5,4%), subió peligrosamente sobre el 44% del total de la estructura representativa del consumo final de energéticos en el Paraguay.
Esta tasa de crecimiento deja entrever que la “política nacional de energía”, que solo existe en los papeles y, para colmo de males con el nivel un decreto presidencial, lejos está de incentivar el aprovechamiento de nuestra energía eléctrica en las centrales binacionales, en las que con el pomposo título de “exportación” regalamos nuestro excedente a cambio de una pretendida compensación, que no tiene relación alguna con los precios de mercado y menos aún con el “Justo Precio” que se estableció en el Acta Final de Foz de Yguazú en 1966, recordado inclusive en el tercer párrafo del...
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