El abogado Ricardo Merlo contestó la apelación presentada por la empresa concretera Preforte Py contra la resolución que dispone la suspensión de las obras en cinco días. La firma busca instalarse en Isla Zárate, Luque, zona catalogada como residencial.
Merlo sostiene que es fundamental ratificar la resolución de la jueza Greta Aquino, pues se trata de una medida que protege a los vecinos de un posible daño irreparable en su salud y bienestar.
El letrado afirma que la resolución impugnada cumple con todos los requisitos legales y constitucionales para ser confirmada. Explica que los afectados no pudieron accionar en sede administrativa porque nunca fueron parte del expediente ni tuvieron conocimiento de la habilitación municipal otorgada a la empresa; la documentación jamás estuvo a disposición de la ciudadanía y, en consecuencia, el amparo fue la única vía idónea para evitar la instalación de la concretera en su barrio.
«En consecuencia, sería contrario al texto constitucional exigir el agotamiento de vías o recursos que nunca estuvieron al alcance de los ciudadanos, por no ser parte ni haber sido notificados pese a haber solicitado la información en reiteradas oportunidades. Ni la Municipalidad de Luque ni el Ministerio del Ambiente han desvirtuado lo alegado sobre la falta de publicidad de las resoluciones que concedieron la licencia ambiental y la habilitación municipal, ni demostraron que los amparistas hayan sido notificados para poder recurrirlas», señala el escrito.
Añade que los amparistas ya recurrieron a la vía administrativa para solicitar la suspensión de las obras, y prueba de ello es la resolución de la Junta Municipal que motivó la paralización de la construcción, por lo tanto esta vía tambipen fue agotada, refiere.
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