Las centrales obreras se pronunciaron a favor del impuesto a la soja, pero repudian el acuerdo político que hay detrás porque la propuesta de gravar la exportación queda prácticamente desechada a estas alturas. “Este acuerdo fue impulsado por el sector político conformado por el cartismo, el luguismo y el llanismo, que, por lo que vemos, no pasa de ser una gran farsa, ya que inmediatamente después de que se haya aprobado en el Senado, la ministra de Hacienda (Lea Giménez) anuncia públicamente que de aprobarse el proyecto sería vetado por Cartes”, manifiesta un comunicado emitido ayer.
Bernardo Rojas, presidente de la CUT-A, indicó que en julio analizarán qué acciones tomarán en torno a este tema y otros que son importantes para el gremio. "Tenemos varios temas que nos preocupan y vamos a analizar qué podemos hacer, el mes que viene o los primeros días de agosto. Nos preocupa el impuesto a la soja, el despido de trabajadores por cuestiones partidarias, el bajo salario, el desempleo", manifestó.
De hecho, en el pronunciamiento se destaca la necesidad de "reorganizar las fuerzas de lucha y movilización".
Así también la semana pasada, nueve organizaciones campesinas y urbanas se pronunciaron a favor del proyecto de ley que grava el 15% a la exportación de los granos en estado natural. "El impuesto a la soja es lo mínimo y es justo porque queremos vivir con salud, sin migración ni expulsión, en un ambiente libre de veneno", manifiesta el comunicado firmado por campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes universitarios y trabajadores.
Una de las voceras, Ester Leiva, de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU), dijo que el modelo de agricultura extensiva avanza sobre sus chacras, contaminando los cultivos familiares y el medioambiente en general. Las comunidades quedan en medio de sojales y son abandonadas, dijo.
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