El juez Miguel Palacios sobreseyó definitivamente a Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Luz Marina González de Durand, María Patricia Espínola Durand, Diana Teresita Britos de Román, Favio Arturo Britos y Fernando Román Fernández, quienes habían sido imputados en septiembre de 2023 por el supuesto hecho punible de estafa. La resolución fue adoptada luego de que […]
El juez Miguel Palacios sobreseyó definitivamente a Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Luz Marina González de Durand, María Patricia Espínola Durand, Diana Teresita Britos de Román, Favio Arturo Britos y Fernando Román Fernández, quienes habían sido imputados en septiembre de 2023 por el supuesto hecho punible de estafa. La resolución fue adoptada luego de que el fiscal adjunto Augusto Salas ratificará la imposibilidad de continuar con la acción penal por falta de elementos probatorios concluyentes.
Las causas se iniciaron a raíz del actas de imputación presentada en septiembre y noviembre de 2023 por el agente fiscal Alcides Corvalán, quien formuló cargos contra los mencionados por la presunta comisión del hecho punible de estafa, tipificado en el artículo 187, inciso 1 del Código Penal, en concordancia con los artículos 29 y 16 del mismo cuerpo legal.
Posteriormente, el 29 de febrero de 2024, el fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de los seis imputados, alegando que los elementos recabados en la etapa investigativa no eran suficientes para alcanzar un grado de certeza que permitiera formular acusación, pero sí existían diligencias pendientes con potencial probatorio. El juzgado hizo lugar al sobreseimiento provisional de los procesados, y con ello, se otorgó al Ministerio Público más tiempo para agotar las diligencias requeridas, entre ellas, informes de la Dirección de Registros Públicos, del Registro Automotor y de la...
Sin embargo, el 11 de abril de 2025, a pedido de los fiscales Hernán Galeano, Dominica Zayas, Julio Ortiz y Silvio Alegre, el juzgado ordenó la reapertura del proceso. A la par, fue presentado un nuevo requerimiento, esta vez solicitando el sobreseimiento definitivo de los seis procesados, argumentando que no existía posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba ni de sustentar fundadamente una apertura a juicio oral y público, conforme lo establecido en el artículo 359, inciso 2 del Código Procesal Penal.
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