La jueza Mesalina Fernández refiere que el sistema penal está colapsado, porque la ley se hizo sin un estudio científico previo, sin tener proyecciones. En consecuencia, el plazo inicial de tres años se elevó a cuatro. Afirma que para cualquier modificación se tiene que medir el tiempo, tener un promedio de la duración de los […]
La jueza Mesalina Fernández refiere que el sistema penal está colapsado, porque la ley se hizo sin un estudio científico previo, sin tener proyecciones. En consecuencia, el plazo inicial de tres años se elevó a cuatro. Afirma que para cualquier modificación se tiene que medir el tiempo, tener un promedio de la duración de los procesos.
La jueza Fernández explicó que cuando se sancionó el Código Procesal Penal, que obviamente se copiaron modelos de legislaciones foráneas que ya tenía en el sistema acusatorio mixto, teníamos en ese año, 1998, una determinada cantidad de habitantes, “pero, que hay que hacer las leyes con base a proyecciones”. “Obviamente, nuestra población creció y con ello también aumentó la criminalidad, o sea, existen diversos factores por los cuales aumentó la criminalidad: la migración del campo a las ciudades, a las zonas urbanas; la falta de empleo, educación, la falta de inversión social,...
“Entonces, desde que se sancionó el Código Procesal Penal, el aumento de la población, el aumento de la criminalidad menor, que afecta a los sectores más vulnerables, que también aumentó y también crecieron las raíces del crimen organizado, las raíces de la corrupción pública de gran escala y eso incidió en todo el sistema penal. En consecuencia, ese plazo inicialmente fijado en tres años de duración, fue insuficiente para la cantidad de recursos humanos que teníamos, para la preparación técnica que tenían todos los que estaban ya agiornados al nuevo sistema y la falta de capacitación...
“Bueno, es así que aquellos tres años iniciales que se fijó en el artículo 136 de control de duración máxima del proceso resultaron insuficientes y un gran número de causas, ya que no había tanta cantidad de fiscales y los tribunales modelos que funcionaban para eso tampoco daban abasto entonces, la Corte a través de una jurisprudencia estableció que el proceso se inicia tal como lo establece el 303 del Código Procesal Penal desde la notificación del acta de imputación”, manifestó.
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