El abogado Adelio Aquino, jubilado de Itaipu, expresó que durante la manifestación, nueve sindicatos y tres gremios de jubilados decidieron estar en asamblea permanente y adherirse a todas las movilizaciones previstas por rechazo a este proyecto de ley. En ese sentido, pidió a Abdo Benítez, pronunciarse públicamente, o de lo contrario, estaría engañando a la gente, teniendo en cuenta que su hermano Benigno López, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), es el que más defiende el proyecto. Los oficialistas necesitan 30 votos para obtener la aprobación por esta vía, o sino, deberán solicitar una moción de preferencia para que se trate en la próxima sesión, donde conseguirán la sanción de la ley con con 23 votos.
Miembros de diferentes sindicatos y gremios de jubilados de Itaipu se unieron ayer para realizar una manifestación contra el proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. La movilización comenzó a las 06:00 y se extendió hasta las 08:00 aproximadamente, a metros del portón de acceso de la Hidroeléctica de Itaipu Binacional, en Hernandarias.
El abogado Adelio Aquino, jubilado de Itaipu, expresó que durante la manifestación, nueve sindicatos y tres gremios de jubilados decidieron estar en asamblea permanente y adherirse a todas las movilizaciones previstas por rechazo a este proyecto de ley.
Aquino manifestó que los propulsores del proyecto de Ley dieron la espalda a los dueños del dinero y apuntan directamente a otorgar al Poder Ejecutivo el manejo discrecional, sin ninguna garantía de los fondos jubilatorios, que asciende a unos 3.000 millones de dólares. Agregó que esta iniciativa legislativa viola preceptos constitucionales, que establecen que los aportantes son los que deben administrar los fondos.
En otro momento, refirió que el colectivo de trabajadores, como dueño del dinero, está dispuesto en los términos constitucionales a buscar un consenso. Piden formar parte de la elaboración del proyecto y contar con representantes en la superintendencia a ser creada, que deberá ser meramente de control sobre la seguridad social.
Leer la nota completa en Vanguardia