La Constitución Nacional, pacto más importante celebrado por la sociedad, atribuye al Estado el monopolio de la administración de justicia, y encarga al Poder Judicial la misión de hacer efectiva la vigencia de aquello que el jurista romano del siglo III, Dominicio Ulpiano definía como “…constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi…” (La justicia es la constante y perpetúa voluntad de dar a cada uno su derecho). Sin embargo, el Paraguay sigue registrando un grave déficit en la materia, porque como ciudadanos, aún no hemos comprendido que administrar justicia es obligación esencial del Estado y merecer justicia, un derecho fundamental del ser humano. Hace falta un cambio profundo y radical, que proyecte la reconstrucción de un Poder Judicial que cumpla con los postulados constitucionales, y para ello, como ciudadanos, como votantes, como contribuyentes, debemos exigir a nuestros gobernantes la reforma de la Constitución, la modificación de las leyes y la selección de los mejores para procurar, luego de casi veinte siglos, que aquello que decía el jurista romano, se haga realidad, porque, sin justicia no habrá paz, sin justicia no habrá libertad, sin justicia no habrá democracia.
No creo que haya alguna persona que, luego de haberse visto en la necesidad de recurrir a los servicios de nuestro sistema judicial, o mejor dicho, de haberla padecido, guarde gratos recuerdos, o deseos de repetir la experiencia, aunque es cierto que nadie acude al Poder Judicial por gusto o diversión, sino por necesidad u obligación.
El litigio judicial es la última instancia de solución de conflictos, antes de recurrir a la violencia, a la venganza o a la justicia por mano propia, y por lo tanto es un servicio esencial que debe prestar el Estado para garantizar la paz social, sin la cual los derechos individuales, sociales y colectivos, no podrán tener vigencia.
La Constitución Nacional, pacto más importante celebrado por la sociedad, atribuye al Estado el monopolio de la administración de justicia, y encarga al Poder Judicial la misión de hacer efectiva la vigencia de aquello que el jurista romano del siglo III, Dominicio Ulpiano definía como “…constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi…” (La justicia es la constante y perpetúa voluntad de dar a cada uno su derecho).
“…el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia…” se consagra desde el Preámbulo mismo de nuestra Constitución, como manifestación de voluntad de sus redactores, quienes han prohibido la justicia por mano propia entre las declaraciones fundamentales de los derechos y los deberes y garantías de los ciudadanos (Art. 15).
Leer la nota completa en ADN Digital
