La normativa presidencial, que obliga a los contribuyentes a informar sobre compras y ventas de G. 50 millones o más, apunta a reducir la evasión y controlar el flujo del dinero. Entraría en vigencia en un mes.
La subsecretaria de Estado explicó que la SET detectó numerosos casos en que los aportantes del Fisco justificaron sus gastos con enormes pagos en efectivo o cheques al portador (que pueden ser cobrados por cualquier persona), que tras los controles resultaron ser operaciones fraudulentas. Recordó que unos 2.000 contribuyentes estuvieron involucrados en los casos de megaevasión utilizando documentos falsos. Remarcó que tener un registro de trazabilidad ayudará a conocer mejor el camino que recorre el dinero del contribuyente y reducir los casos de defraudación al Estado.
"Lo que este decreto nos facilita es que al tener la trazabilidad del dinero podemos tener el origen y el destino de ese dinero. Al no tener eso no sabemos si la operación que realiza el contribuyente es real", añadió el director de Grandes Contribuyentes, Víctor Gómez de la Fuente, quien también participó de la conferencia de prensa junto a la jefa de Gabinete, Liz Del Padre.
La viceministra González Ayala adelantó que la resolución reglamentaria, donde se estipularán la entrada en vigencia, el plazo de informes y las sanciones, se promulgaría en un mes, aproximadamente. Esto, teniendo en cuenta que actualmente se realizan adecuaciones al sistema informático (ver infografía).
Exigencias. Del Padre mencionó que este decreto fue elaborado en conjunto con el Banco Central del Paraguay (BCP), en base a exigencias de transparencia tributaria de entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), entre otros.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
