A pedido del senador Salyn Buzarquis (PLRA), la Cámara Alta aprobó una resolución “que insta al Poder Ejecutivo y a varias instituciones del Estado a restituir las tierras al asentamiento SantaLibrada”. La declaración remitida al presidente de la República, Santiago Peña, surge ante la denuncia de un desalojo presuntamente ilegal ocurrido en el distrito de San Juan Nepomuceno, Caazapá, en dos inmuebles de 4.361 hectáreas en total, propiedad del exconcejal colorado de Caazapá Benjamín Adaro Monzón.
Buzarquis explicó que el desalojo afectó a 150 familias y se realizó en plena feria judicial, a pesar de que existía una medida cautelar vigente, lo que constituye una grave violación al Estado de derecho. “El desalojo se llevó a cabo en plena feria judicial, lo cual resulta bastante llamativo”, insistió.
Agregó que se ha planteado la usucapión, ya que las familias llevan más de 20 años asentadas en el lugar, donde cuentan con servicios básicos suministrados por el Estado. Apoyaron a los desalojados los senadores opositores José Oviedo (Yo Creo), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (Frente Guasu) y Rafael Filizzola (PDP).
Paredes repudió al Indert y criticó que la Fiscalía de Caazapá use el término cesación de hecho punible para el desalojo cuando dicha figura no existe en el Código Penal.
El Senado también aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley “que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía relativa a niños y adolescentes y otros hechos punibles”, presentado por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA).
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