La normativa declara al transporte metropolitano como “servicio público imprescindible”, habilitando sanciones por interrupciones y obligando a garantizar al menos el 60% de los buses en circulación durante un paro, un requisito más estricto que el planteado originalmente. También se amplía la obligación de los nuevos concesionarios: deberán contratar a todos los trabajadores del operador saliente con dos años de antigüedad, ya no solo a los choferes. La reforma redefine el área metropolitana, incorpora distritos de Cordillera y Presidente Hayes, y fija concesiones de entre siete y quince años con evaluaciones periódicas.
El Senado aprobó sin modificaciones la reforma del transporte público enviada por Diputados y ahora la decisión final queda en manos del presidente Santiago Peña, quien deberá promulgarla o vetarla. La discusión llega en un clima tenso: los gremios de choferes convocaron una huelga para el 16 y 17 de diciembre, denunciando que la nueva ley recorta derechos laborales.
La normativa declara al transporte metropolitano como “servicio público imprescindible”, habilitando sanciones por interrupciones y obligando a garantizar al menos el 60% de los buses en circulación durante un paro, un requisito más estricto que el planteado originalmente.
También se amplía la obligación de los nuevos concesionarios: deberán contratar a todos los trabajadores del operador saliente con dos años de antigüedad, ya no solo a los choferes. La senadora Celeste Amarilla cuestionó que la medida elimina evaluaciones de idoneidad y reduce el margen de gestión empresarial.
La reforma redefine el área metropolitana, incorpora distritos de Cordillera y Presidente Hayes, y fija concesiones de entre siete y quince años con evaluaciones periódicas. Además, establece pagos puntuales a las concesionarias a través del billetaje y elimina la exoneración del tributo municipal. El plazo de prescripción de deudas baja a dos años.
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