Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptaron todas las llamadas extorsivas efectuadas por los cuatro agentes de la Brigada Central que exigían el pago de unos US$ 200.000 para la liberación de los 8.622 kilos de marihuana y los tres detenidos, hasta que finalmente fueron detenidos el miércoles último en la zona de San Juan Bautista, Misiones.
De acuerdo a las escuchas de teléfonos efectuadas por los investigadores, poco después de las 07:00 del miércoles, el grupo de efectivos de la Brigada Central integrado por el subcomisario Edgardo Daniel Acosta, el oficial primero Darío Bernardo Pinienta, los suboficiales Francisco Antonio Díaz Ibarrola y Roberto Lezcano Martínez interceptaron en el kilómetro 207 de la Ruta I, zona de San Juan Bautista, Misiones, el cargamento de marihuana que era transportado a bordo de un camión Scania que estaba al mando de José Manuel Sugo Dafonte. Al mismo tiempo, los efectivos de la Brigada capturaron...
El camión fue aparcado en el kilómetro 207 con su chofer y al cuidado de un agente, en tanto que el Kia Rio, con sus dos ocupantes fue colocados a la vera de la ruta, en el kilómetro 217, también bajo el custodio de uno de los intervinientes, mientras que el subcomisario Acosta y dos de sus colaboradores se colocaron en un punto medio a bordo de una camioneta Toyota Hilux, desde donde iniciaron las negociaciones con el dueño de la carga.
Según los antidrogas, al principio los agentes exigieron US$ 200.000, pero con el correr de las horas bajaron a US$ 100.000. Inclusive, en ese lapso los agentes solicitaron la “intervención” del oficial inspector Hugo César Ortiz Rodríguez, de la oficina regional del departamento Antinarcóticos de Pilar, para que una vez efectuado el pago de la coima, la droga llegue sin contratiempos a destino, señalaron.
Toda la transacción era escuchada y grabada por los antidrogas, quienes tomaron intervención después de seis horas del inicio de las operaciones efectuadas por los agentes de la Brigada, y confirmar que estos no informaron a la fiscalía del procedimiento. Las precauciones fueron tomadas para evitar que los policías corruptos puedan presentar alguna coartada legal y lograr evadir a la justicia, señalaron.
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