La seguridad social es un tema multidimensional, no se limita solo a lo económico, comprende también lo social, lo político y lo cultural, pues su adecuada cobertura contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y a su integración social como seres que tienen derecho a una protección mínima ante eventualidades y durante su vejez, protección que debería ser prioridad en las políticas públicas.
En nuestro país solo 1 de cada 4 personas ocupadas accede a dicha protección, debido especialmente a la estructura del sistema de seguridad social y a la de la propia economía.
La Constitución Nacional, en su Art. 95, delinea políticas en materia de Seguridad Social, al establecer que “el Sistema Obligatorio e Integral de Seguridad Social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población…”.
Ante este mandato constitucional, la Ley 213/93 (Código Laboral), dedica el Libro Cuarto al tema de la seguridad social, estableciendo en su artículo 382 que “El Estado con aportes y contribuciones propios y de empleadores y trabajadores, amparará, por medio de un sistema de seguros sociales, a los trabajadores contra riesgos de carácter general, y especialmente a los derivados del trabajo”.
Por su parte, cada una de las 8 entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Nacional se rige por sus propias leyes, coinciden fundamentalmente en el otorgamiento del beneficio de jubilación pero tienen prestaciones diferenciadas, lo que genera inequidades entre los segmentos de población cubiertos.
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