La Corte emitió ayer un comunicado, ante las amenazas del narco prófugo Sebastián Marset, respaldando la gestión de los jueces y defendiendo el Estado de derecho. Sin embargo, en la práctica se ve poca acción del alto tribunal en la lucha contra el crimen organizado. Los ministros se contradicen, cuando por un lado, hablan de […]
La Corte emitió ayer un comunicado, ante las amenazas del narco prófugo Sebastián Marset, respaldando la gestión de los jueces y defendiendo el Estado de derecho. Sin embargo, en la práctica se ve poca acción del alto tribunal en la lucha contra el crimen organizado. Los ministros se contradicen, cuando por un lado, hablan de un combate “efectivo e integral” a la delincuencia organizada; pero por el otro, son complacientes con las magistradas que absolvieron a Waldemar Pereira Ribas, alias Cachorrao; el juez que remató una narco-estancia administrada por Senabico o la jueza de Lambaré,...
En un hecho sin precedente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado había revocado, a pedido de la Corte, la solicitud de suspensión de las juezas de Pedro Juan Caballero, Carmen Silva, Ana Aguirre y Mirna Carolina Soto. El JEM, el 19 de abril pasado había resuelto pedir a los ministros la suspensión de las magistradas, considerando los fuertes indicios de mal desempeño de las mismas durante el juicio oral, en el cual absolvieron a Waldemar Pereira Ribas, acusado por el homicidio del periodista Leo Veras. Es sindicado como uno de líderes del PCC en nuestro país.
Se alegó que las juezas integran el único Tribunal de Sentencia de la zona y que están pendientes de realización alrededor de 200 juicios orales y que eso afectaría enormemente a la administración de justicia.
Sin embargo, este argumento no se puede admitir para no suspender a las magistradas, cuya sentencia fue revocada por la Cámara de Apelaciones, en donde se resaltó las irregularidades cometidas.
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