El abogado Ezequiel Santagada señaló que hay diputados que están operando para evitar que se publiquen las declaraciones juradas y hacer que se despenalice la presentación falsa de las mismas. Considera que el Presidente de la República está bajo presión para que no vete la ley aprobada en el Congreso. "Hay una única persona en este Paraguay que puede frenar esto y tiene nombre y apellido: Mario Abdo Benítez”, aseveró.
Esta mañana habló con ABC el abogado Ezequiel Santagada acerca de la despenalización de las declaraciones juradas falsas aprobada por el Congreso. “Confío en que se va a vetar, con lo que dijo el otro día si es que efectivamente preveía la despenalización de la declaración jurada falsa”, señaló en un primer momento.
En ese contexto, ratificó que la normativa busca despenalizar este delito. “Hay un juego perverso (...) Claramente dice que la responsabilidad es meramente administrativa, por eso queda claro que conductas que son del tipo penal pasen a ser administrativas; solamente en la primera parte del artículo 1 está directamente relacionado con el eje de la defensa de uno de los legisladores que está imputado por declaración jurada falsa”, expresó.
“Pero uno agarra esa parte y ‘googlea’ ese caso y encuentra ‘fulano de tal, el abogado de un senador ataca directamente eso’. En el artículo 14 se reitera, en la primera parte, sosteniendo que las declaraciones juradas son válidas inclusive cuando hay un error de omisión hasta que se subsanen y se puede subsanar antes de que la Contraloría investigue y después de que la Contraloría investigue, lo que puede derivar de las dudas que pueda tener la Contraloría de estos hechos punibles ya no son delitos, son crímenes: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, lesión de confianza”, agregó.
“Este proyecto de ley establece una etapa prejudicial de crímenes graves. No solamente despenaliza la declaración jurada falsa, sino que establece la prejudicialidad de los crímenes de corrupción. Lo que entiendo que le puede interesar a la Contraloría es esta etapa prejudicial no para la declaración falsa, sino para otros crímenes, no delitos; esto le daría un enorme poder a la Contraloría porque decidiría quién termina procesado por hechos punibles graves y quién no, cuando estamos hablando de delitos de corrupción”, enfatizó.
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