El Juzgado Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray resolvió desestimar la denuncia presentada por la ANDE contra la empresa PROSAL S.A., en la causa caratulada “Investigación Fiscal sobre Sustracción de Energía Eléctrica”. La resolución, firmada por el juez Vicente Coronel Villalba, expuso serias irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por los técnicos […]
El Juzgado Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray resolvió desestimar la denuncia presentada por la ANDE contra la empresa PROSAL S.A., en la causa caratulada “Investigación Fiscal sobre Sustracción de Energía Eléctrica”.
La resolución, firmada por el juez Vicente Coronel Villalba, expuso serias irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por los técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), cuya actuación fue calificada como “procesalmente inválida y carente de sustento penal”.
La denuncia se basaba en mediciones realizadas por funcionarios de la ANDE, quienes alegaron haber detectado un consumo de energía presuntamente superior al declarado en el contrato de suministro. Sin embargo, dichas mediciones se realizaron en la vía pública, en horas de la madrugada, sin labrarse acta formal ni contar con testigos imparciales, tal como lo exige el art. 176 del Código Procesal Penal para cualquier inspección válida.
Durante el allanamiento posterior, realizado bajo control judicial y con presencia del Ministerio Público, se constató que el consumo energético de la empresa era incluso menor al denunciado, con un promedio de 4,1 amperes en las tres fases, cifra muy inferior a la reportada inicialmente por la ANDE. Es importante mencionar que, la ANDE había hecho la denuncia por la supuesta sustracción de energía que generó una diferencia de carga no registrada por el medidor, equivalente a 1.726 kW, lo que representaría un daño patrimonial estimado de Gs. 567.000.000 mensuales.
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