La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dijo ayer que solo cumplió con un fallo de la Sala Constitucional de la Corte que dio competencia al Tribunal de Cuentas para auditar la gestión 2017 de su antecesor Javier Díaz Verón. Sin embargo, en realidad en el fondo hay temor del “pase de factura” del contralor Enrique García, imputado hace unos meses.
La fiscala general fue muy cuestionada por haber pisoteado su palabra al proteger la administración de Díaz Verón, pese a prometer que iba a dejar que la Contraloría General de la República audite la ejecución presupuestaria del Ministerio Público.
Quiñónez indicó ayer que en fecha 19 de abril comunicó a la Contraloría General que era innecesario informar sobre la desafectación de la auditora Andrea Rodríguez.
Esto, debido a que el fiscal adjunto encargado de despacho, Alejo Vera, el 8 de marzo pasado ya informó la exclusión de la mencionada auditora.
En su escrito, Quiñónez hace referencia a esta situación y a que su gabinete le informó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad que dio competencia al Tribunal de Cuentas.
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