La ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. María Teresa Barán, reveló que el 40%, ¡casi la mitad!, de las camas de terapia intensiva registradas por la cartera en los hospitales públicos del país se encuentra fuera de servicio, lo que llevaría el número a unas 365 en funcionamiento, menos de las que había antes de la pandemia. Esto demuestra una inoperancia trágica –literalmente– y un despilfarro calamitoso de fondos estatales por parte de los gobiernos de turno, este incluido, y de la clase política.
Según el ministro del Interior, Enrique Riera, el presidente Santiago Peña les dijo a los miembros de su gabinete que ya no quiere excusas ni diagnósticos, sino resultados, pero son precisamente excusas, y nada más, lo que ofrecen la Dra. Barán y sus colaboradores.
A raíz de las tristes muertes de seis menores en las últimas semanas, incluida la de un bebé prematuro que no pudo recibir la atención requerida en el Hospital Regional de Villarrica por el no funcionamiento de una UTI “inaugurada” seis días antes por el propio Peña, el director de Terapias, Dr. Arturo Cáceres, se escudó en el déficit de equipamiento y personal especializado. Dijo que el ministerio tiene 609 camas de terapia intensiva, 132 menos que en la pandemia, cuando, de acuerdo con las cifras oficiales, la disponibilidad creció de 380 a 741.
Cáceres lo atribuyó a que, en aquel momento, “muchos equipos se donaron, pero esas donaciones vienen sin soporte de mantenimiento ni nada y, entonces, se desgastan y van quedando en desuso”. También mencionó la falta de intensivistas, que en la pandemia se suplió con la concentración de recursos humanos para afrontar la contingencia.
Es ya una muestra grave de ineficiencia e improvisación que se dejen deteriorar valiosos equipos hasta que dejen de funcionar y que no se planifique a tiempo la reposición de los cuadros profesionales, pero la situación resulta mucho peor que la que describe Cáceres.
Leer la nota completa en Diario ABC
