Muertes evitables, terapias saturadas, ambulancias que no dan abasto y un goteo permanente de denuncias por faltantes: el año dejó a la vista que la salud pública fue el frente más crítico del Gobierno de Santiago Peña, que aun así decidió no mover a su ministra pese a la presión social, gremial y también interna.
Si en otras áreas el oficialismo pudo administrar el relato y el timing, en salud el 2025 se encargó de imponer agenda a la fuerza. No por anuncios, sino por crisis concretas: pacientes obligados a comprar insumos, servicios saturados, terapias intensivas convertidas en cuello de botella y episodios trágicos que desnudaron fallas de coordinación y de capacidad real. En el debate público, la sensación fue lineal: el sistema no se recompuso y la conducción política eligió resistir, no corregir.
Terapias intensivas: números que no cierran y una "crisis" que se cobró vidas
Uno de los ejes del 2025 fue la disponibilidad de camas de UTI. La ministra María Teresa Barán defendió su gestión con cifras: habló de 464 camas operativas y admitió, a la vez, un dato demoledor: 40% de las camas existentes no estaban operativas por problemas de mantenimiento de equipos adquiridos en pandemia.
En paralelo, desde el propio sistema aparecieron denuncias sobre limitaciones específicas. En el Hospital Nacional de Itauguá, por ejemplo, se reportó la falta de monitores y respiradores y la caída de la capacidad instalada: el director llegó a señalar que había 30 camas menos de terapia por esa carencia.
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