El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) se encuentra revisando los antecedentes y registros sobre las empresas que ofrecen el servicio de limpieza a hospitales públicos. Esto en el marco del llamado realizado por el IPS para un contrato de US$ 28 millones, cuyo pliego fue denunciado como direccionado hacia la empresa Potî, propiedad de Alberto Palumbo. La protesta fue presentada por la firma Renova, representada por Liliana Giménez.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que pidió la suspensión del proceso hasta que se resuelvan las dudas sobre el pliego, envió una nota a Digesa, a cargo del Ing. Luis Leguizamón, para algunas consultas sobre la actividad de estas firmas dedicadas a la limpieza.
La dependencia técnica de la cartera y la Dirección de Contrataciones habían presentado un informe en junio de 2016 sobre fallas en el manejo de la basura patológica en que incurrieron funcionarios de Potî en IPS. Un aspecto grave que dejó en evidencia la investigación es la falta de control efectivo de los responsables de la previsional en supervisar el servicio.
Esta investigación había comenzado de oficio, no a pedido del IPS, sino luego de que los mismos funcionarios de Potî denunciaran a ABC, a finales del 2015, la precariedad con que trabajaban en el Hospital Central. Las denuncias saltaron luego que se registraran varios fallecimientos por infección intrahospitalaria.
El actual llamado a licitación ha conglomerado todos los hospitales junto con las áreas administrativas, totalizando 117 ítems. De estos, solamente 9 exigen el cumplimiento con un requisito muy especial, el servicio de desinfección de áreas críticas, pero para adjudicarse en los demás 108 ítems, que corresponden a baños y áreas comunes, oficinas, se debe también cumplir el mismo requisito que para las áreas de riesgo, quirúrgicas y terapias.
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