Un comisario general promovió un amparo contra otros dos camaradas para evitar la difusión de un video en el que se ve al primero recibiendo una supuesta coima de 50.000 dólares para ejecutar una orden judicial de desalojo en la colonia Guahory de Caaguazú. El abogado del supuesto beneficiado admitió que su cliente aceptó 150 millones de guaraníes de parte de los colonos, pero aseguró que después devolvió la plata. La Policía ni siquiera inició un sumario contra el comisario salpicado, porque justamente es él quien debe autorizar las investigaciones por corrupción.
El grave caso salpica al comisario general inspector Willian Rubén Giménez Barboza, actual director general de Justicia Policial y uno de los que había sido mencionado insistentemente como probable comandante debido a su foja de servicio hasta ahora intachable.
Giménez promovió un amparo constitucional contra sus camaradas de la remesa 1988, comisario general inspector Oscar Pereira (director de Policía de Amambay) y comisario principal Matías Morel (jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de Caaguazú). Sin embargo, ayer no se presentó a la audiencia en el Palacio de Justicia de Asunción y su defensa desistió de la acción.
En cambio, el comisario Willian Giménez sí consiguió que el juez Fabián Weisensee Iafei hiciera lugar al amparo presentado contra Willian Gustavo Amaral Martínez, Elvino Just y Elmiro Sidler, quienes fueron los que filmaron al uniformado cuando le entregaban el dinero. Estos tres citados tienen ahora la prohibición de la divulgación de cualquier contenido multimedia relacionado al comisario Giménez.
El caso trascendió el 16 de octubre pasado, cuando se presentaron en la Dirección de Policía del departamento de Caaguazú los miembros de un grupo de colonos de Guahory, quienes querían hablar con el director de Policía, que en ese entonces era Oscar Pereira. Como este se encontraba en Asunción, fueron recibidos por el segundo al mando en el Quinto Departamento, el comisario Matías Morel.
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