Un documento al que accedió nuestro diario muestra cómo Petropar benefició (y lo sigue haciendo) a la firma catarí representada por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. La empresa, a la que se contrató para provisión de diésel por US$ 61 millones, no pudo proveer un solo litro de combustible en el cronograma pactado originalmente, por lo que la estatal le amplió dos veces el plazo. Aún así, no cumplió.
Esta semana, fuentes extraoficiales de la Contraloría dieron a conocer uno de los documentos que esconde a la opinión pública y que muestra una posible violación a la ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, pues la estatal cambió sustancialmente la condiciones originales de un llamado a licitación en beneficio de la firma catarí Doha Holding Group LLC, representada por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Se trata de una copia de la adenda 2 del contrato firmado en setiembre de 2024, valuado en US$ 61 millones, para provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoíl. El documento, al que accedió nuestro diario, revela que ya en noviembre de año pasado se benefició a la citada compañía con una primera adenda para extender el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre, pues a esas alturas ya debía estar terminando de proveer el volumen total acordado pero no entregó ni un solo litro.
Adenda 2 del Contrato entre Petropar y Doha Holding Group. Esa primera adenda no se dio a conocer a la ciudadanía y tampoco las autoridades de Petropar, presidida por Eddie Jara, salieron a informar que la proveedora falló. De hecho, estos documentos no se subieron al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) porque la estatal, al parecer para mantener escondidos todos los detalles del caso, recurrió a un procedimiento especial de contratación con publicación posterior, alegando “urgencia” de contar con el combustible.
Justamente, debido a la supuesta “rapidez” con la que querían contar con el carburante, al milagroso precio de US$ 610 por tonelada métrica (que ni Brasil, con su enorme volumen de compras, pudo conseguir), el plazo de vigencia del contrato fue de solo dos meses, octubre y noviembre (usual en las compras de oportunidad). Sin embargo, la “prisa” terminó apenas se firmó el contrato.
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