La Sala Constitucional de la Corte rechazó la excepción de inconstitucionalidad promovida por los abogados Kathia Dahiana Amaral Domínguez y Sergio Andrés González en representación de Julio César Cubas Cantero y Arnaldo Andrés Cubas Cantero, requeridos por la justicia de Brasil, como parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de armas. El voto del […]
La Sala Constitucional de la Corte rechazó la excepción de inconstitucionalidad promovida por los abogados Kathia Dahiana Amaral Domínguez y Sergio Andrés González en representación de Julio César Cubas Cantero y Arnaldo Andrés Cubas Cantero, requeridos por la justicia de Brasil, como parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de armas.
El voto del preopinante Gustavo Santander Dans destaca en primer término que los requisitos para la viabilidad de este tipo de planteamientos están supeditados en la individualización de una ley o instrumento normativo de autoridad de carácter general o particular, señalado como contrario a disposiciones constitucionales, la especificación del precepto de rango constitucional que se entienda como vulnerado y en lo que hace a la fundamentación de la pretensión, la demostración suficiente y eficiente de agravios que irán a constituirse en el eje central de la justificación de la inaplicabilidad.
“ En el caso que nos asiste, la excepción está dirigida concretamente contra las documentaciones presentadas por la Justicia de la República Federativa del Brasil y el Requerimiento de la Fiscalía General del. Estado donde considera viable la extradición de varios requeridos, entre ellos Julio César Cubas Cantero y Arnaldo Andrés Cubas Cantero, de conformidad al dictamen glosado a fs. 486 / 531 de autos. En otras palabras, la pretensión defensiva articulada deviene absolutamente improcedente”
La excepción de inconstitucionalidad impone que la misma sea opuesta contra una normativa para que la misma no sea aplicada en la resolución judicial a ser dictada, para evitar que el juzgador – quién no puede por motus proprio dejar de aplicar la ley – tenga que utilizarla al dictar sentencia. En nuestro caso, es precisamente éste el requisito no observado por los excepcionantes, por lo que la pretensión defensiva no reúne las exigencias de la ley para enervar la validez de las actuaciones procesales objetadas”
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