Es usual considerar como evidente que el robo y la violencia se deben a los delincuentes en general, los que están lejos del gobierno. Sin embargo, las conductas manifiestamente dañinas como violencia y robo provienen en gran parte desde el mismo Estado. Los gobernantes que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes son los que provocan los más variados daños directos y colaterales a sus prójimos. Les sacan a los demás sus ahorros e inversiones, no les dejan trabajar, les endeudan impidiéndoles contar con un mejor futuro entre otras cosas. Esto es un gran daño.
Esta situación no se limita a Paraguay. Es un mal que apareció cuando se sustituyó al gobierno constitucional de la libertad y la República por un modelo de ideas que le fue dando cada vez más preeminencia al poder político y a la burocracia.
Y lo que tenemos a fecha es precisamente eso. En menor o mayor grado campean el robo y la violencia. El robo visto desde la visión del derecho es la apropiación indebida de la propiedad que pertenece a un tercero. Es un delito de tipo patrimonial puesto que se afecta al patrimonio que es un bien jurídico.
Considero desde luego correcta esa conceptualización, pero, nuevamente resulta necesario apelar al concepto multidisciplinario del conocimiento para decir que todas las acciones de los políticos y burócratas en general ajustadas en la categoría de robo y violencia son inmorales y antieconómicas.
El robo, es cierto, consiste en apropiarse de lo ajeno y solo puede llevarse a cabo por medio de la violencia puesto que la persona que sabe que será perjudicada jamás prestaría su consentimiento para que se le saque algo que es suyo, producto de su esfuerzo diario.
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