Javier AlbisuLuxemburgo, 28 jun (EFE).- España, junto con Portugal, aplica desde este mes una "excepción ibérica" negociada con Bruselas para rebajar la factura de la luz, una intervención que hace un año parecía imposible y que ahora va camino de inspirar una reforma del marco regulatorio en el conjunto de la Unión Europea.
"Más que con envidia, que puede ser que algunos nos miren con envidia, nos miran con mucho respeto y con mucho afecto", dice en una entrevista con Efe la vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Teresa de Ribera, que participa estos días en sendos consejos de ministros europeos de Energía y Medioambiente.
Ese "respeto" que detecta en la mirada de sus homólogos comunitarios responde a que "entienden que no era una situación fácil, que ha habido una oposición muy fuerte, porque la inercia es una fuerza de la física muy potente", resume.
Limitar el impacto del gas en el mercado eléctrico para que la carestía de ese hidrocarburo no contagie "artificialmente" al precio del megavatio-hora ha encontrado fundamentalmente dos muros: las empresas energéticas en España y la maquinaria política en Bruselas, con la oposición inicial de la Comisión Europea y de Alemania.
"No puede ser que el diseño regulatorio se convierta en la gran trampa para los consumidores europeos", dice Ribera para justificar la batalla que ha librado, y que sigue librando, en ambos planos.
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