La revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú acumula ya dos años de atraso, pero las negociaciones con Brasil siguen paralizadas desde principios de abril por el caso de espionaje brasileño contra autoridades paraguayas. Tres meses después de la suspensión de las tratativas, el gobierno nacional aún espera la aclaración correspondiente.
El Art. 238/8 de la Constitución Nacional obliga al que dé cuentas al Congreso en el inicio de cada período anual de sesiones sobre las gestiones que realizó e informarle de la situación general del país, así como de sus planes de gobierno.
Sin embargo, el miércoles último, el mandatario Santiago Peña, en la sede del Partido Colorado, una vez más ignoró al examinador que le señalaba el artículo constitucional de referencia y presidente de turno del Partido Colorado, tal vez por un excesivo respeto o simplemente por temor.
No obstante, esa decisión permitió a la ciudadanía confirmar sus temores, que “la rendición” de hoy sería tan tedioso y distante de las respuestas que necesita, como fue la del 2024 e inclusive la de los otros mandatarios que le precedieron en el cargo.
El sentido común dice que el acto en cuestión obliga a un gobernante no solo a informar sobre el uso de los recursos públicos, sino también a justificar qué hizo con ellos; además, fundamentalmente, a justificar la ejecución, aplazamiento o cancelación de un programa - o de varios - cuya realización había ofrecido al pueblo a cambio de su voto.
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