El acceso a los alimentos depende en gran medida de los recursos financieros y físicos de los hogares, lo que permite asegurar una dieta adecuada y estable. Sin embargo, los efectos del cambio climático y los desastres naturales ponen en riesgo este acceso, principalmente a través de dos vías: la disminución de los ingresos rurales -debido a la caída de la productividad agrícola- y el aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de una menor disponibilidad de productos. Ambos fenómenos, estrechamente vinculados, tienen implicaciones directas sobre la pobreza y la seguridad alimentaria, especialmente en los países en desarrollo.
Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estiman que, hacia 2050, los precios internacionales de productos básicos podrían el maíz entre 87% y 106%, el arroz entre 31% y 78%, y el trigo entre 44% y 59%.
Esta tendencia, en ausencia de medidas de mitigación, tendría un impacto severo en los ingresos reales de los hogares y en la capacidad de los países más vulnerables para mantener el poder adquisitivo de sus poblaciones.
Las simulaciones globales muestran que un aumento del 10% en los precios de los alimentos podría elevar la pobreza mundial en 0,8 puntos porcentuales, mientras que para América Latina y el Caribe, un incremento del 20% podría expandir la pobreza promedio en 2,6 puntos.
En términos humanos, esto significaría que alrededor de 63,5 millones de personas caerían por debajo de la línea de pobreza. En la región, los países más expuestos a este deterioro serían Guatemala, Nicaragua y Perú, con aumentos superiores a cuatro puntos porcentuales en sus tasas de pobreza.
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