<p>Con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas para el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia en materia de ejecucion penal, se llevo a cabo este jueves 6 de noviembre una reunion interinstitucional entre miembros del Consejo de Administracion de la Circunscripcion Judicial de Central, jueces de Ejecucion Penal, jueces Penales de Garantias y representantes de la Policia Nacional.</p>
COORDINACIÓN ENTRE JUZGADOS DE EJECUCIÓN Y LA POLICÍA NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas para el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia en materia de ejecución penal, se llevó a cabo este jueves 6 de noviembre una reunión interinstitucional entre miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, jueces de Ejecución Penal, jueces Penales de Garantías y representantes de la Policía Nacional.
La presidenta del Consejo de Administración de Central, doctora María Teresa González, señaló que el encuentro fue promovido por la jurisdicción a su cargo con el propósito de definir estrategias efectivas de coordinación con la Policía Nacional, a fin de agilizar la localización y aprehensión de personas prófugas con condenas firmes y ejecutoriadas.
Por su parte, el juez de Ejecución Víctor Benítez Salinas explicó que, para tal efecto, tanto como el juzgado a su cargo como los demás juzgados de Ejecución de Central, elaboraron un informe sobre la cantidad de causas que cuentan con sentencia firme, pero que aún no se ha podido ejecutar. “El objetivo es facilitar a la Policía Nacional la nómina de personas condenadas para optimizar las tareas de búsqueda y detención”, expresó el magistrado.
Agregó además que los juzgados de Ejecución realizan verificaciones a través de las comisarías de las zonas correspondientes, con el fin de confirmar los domicilios de las personas condenadas y proceder conforme al procedimiento establecido para hacer efectivas las órdenes de captura. Recordó también que, conforme a lo dispuesto en una acordada de la Corte Suprema de Justicia, los jueces de Sentencia, Penal de Garantías y de Ejecución deben renovar las órdenes de captura —nacionales e internacionales— cada seis meses.
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