El retorno de los aborígenes de la comunidad ka’a Poty, que habían sido desalojados de Itakyry, podría desatar un grave conflicto en la zona. Esto considerando que el inmueble está en posesión de varios colonos, que cuentan con los títulos de propiedad y están dispuestos a defender sus propiedades. Una jueza de la capital dictó una medida cautelar sin tener en cuenta de que hay otra orden judicial dictada por otra magistrada.
Retorno de aborígenes de Ka’a Poty a Itakyry podría desatar grave conflicto
Los aborígenes habían ingresado a la propiedad en el 2019, alegando que se trataba de un inmueble de más de 1.300 hectáreas que había sido adquirido por parte del Instituto Nacional de Indígenas (INDI) para reubicarlos. Sin embargo, la adquisición fue solo en los papeles, según denunciaron las propias autoridades anteriores de INDI.
El lugar sindicado es la colonia Tape Yke, donde en unas 120 hectáreas están asentados seis antiguos pobladores que cuentan con título de propiedad, de entre 10 y 30 hectáreas cada uno. Pese a ello, los aborígenes autodenominados miembros de la comunidad Ka’a Poty, liderada por Marta Isabel Díaz, invadieron varias parcelas hace más de dos años.
Tras varios meses de litigio, los vecinos lograron una orden de desalojo firmada por la jueza de Itakyry Emilce González. Esto motivó que los indígenas fueran a Asunción a protestar contra el desalojo, y la jueza Magalí Zabala dispuso que los nativos vuelvan a ubicarse en las tierras disputadas. Esto, sin considerar que está vigente otra resolución judicial que dispone la protección y resguardo de las propiedades.
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