La Corte Suprema de Justicia, a través de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, participó de una mesa de trabajo interinstitucional el jueves 13 de noviembre, en la cual se analizaron acciones estratégicas para la implementación de la Ley de Capacidad Jurídica Nº 7371/2025. Esta normativa introduce modificaciones al Código Civil y al Código de Organización Judicial en relación con el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad. La normativa se encuentra alineada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada mediante la Ley Nº 3540/2008.
La Corte Suprema de Justicia, a través de funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, participó de una mesa de trabajo interinstitucional el jueves 13 de noviembre, en la cual se analizaron acciones estratégicas para la implementación de la Ley de Capacidad Jurídica Nº 7371/2025. Esta normativa introduce modificaciones al Código Civil y al Código de Organización Judicial en relación con el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad.
La ley, vigente desde el 16 de julio, incorpora un nuevo enfoque respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el ordenamiento paraguayo. La normativa se encuentra alineada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada mediante la Ley Nº 3540/2008.
Entre sus principales disposiciones, la legislación elimina las figuras de interdicción, insania y curatela, anteriormente aplicadas como restricciones al ejercicio de derechos civiles. En su lugar, establece un sistema de apoyos personalizados orientado a respetar la voluntad, preferencias y autonomía de las personas con discapacidad en los actos de su vida civil.
Participaron de la jornada la directora Nury Montiel y la abogada Julia Fernández, en representación de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia; el representante de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública, abogado Hugo César Giménez; y los defensores públicos Silvia Paola Rodríguez, Luz María Orella, Carla Mazó y Ever Ocampos.
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