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La designación de una relatora en la Corte y su rápido traslado a Itaipú desataron críticas internas, alimentaron sospechas de padrinazgo político y reavivaron cuestionamientos sobre el uso de los cargos públicos.
Marian Angélica Cattebeke Ayala protagoniza un nuevo caso de privilegios en el Poder Judicial. Ella integra el grupo de relatores de la (CSJ). Fue nombrada como funcionaria permanente en 2025 con un sueldo de G. 10.800.000. Sin embargo, fue comisionada de inmediato a la Itaipú Binacional sin cumplir funciones reales en el máximo tribunal.
Esta situación revela un esquema de favores políticos que afecta la institucionalidad de la justicia en Paraguay. El caso de Cattebeke Ayala no es aislado dentro de la nómina de la Corte. Los ministros designan a personas de su entorno cercano o recomendados. Este manejo discrecional de cargos genera un gasto millonario que asume la ciudadanía paraguaya actualmente.
Según los registros oficiales, el Poder Judicial cuenta con 228 relatores en su planilla de personal. Solo 182 desempeñan tareas efectivas en los gabinetes de los ministros de la Corte. Se registran 17 vacancias y otros 17 funcionarios se encuentran actualmente comisionados a diversas instituciones externas. Este grupo de asesores representa un costo anual aproximado de seis millones de dólares para el Estado.
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