En una sesión maratoniana, el Congreso de Diputados de México aprobó en la madrugada del sábado pasado (03.09.2022) la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Recibida con fuertes polémicas, la decisión tendrá que ser sometida a la aprobación del Senado.
En 2019, la Guardia Nacional reemplazó a la Policía Federal como el principal cuerpo policial de seguridad pública a nivel nacional. Está compuesta en parte por miembros de la Policía Federal, pero en su mayoría por militares y miembros de la Marina. Su misión principal es combatir los cárteles del narco y el crimen organizado, pero durante este período legislativo, la Guardia Nacional ha asumido varios proyectos civiles como la construcción del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la vigilancia aduanera.
"La Guardia Nacional se ha convertido en maestro de nada, realmente no tienen una misión en particular. Y como no tienen una misión en particular, son realmente ineficaces,” dice Gary Hale, experto en política sobre drogas del Baker Institute en Houston.
La Guardia Nacional ha sido objeto de debate por, a pesar de recibir aumentos en presupuesto, no lograr combatir el crimen organizado con la eficacia esparada. De integrarse a la Sedena, México perdería la única institución policial no militar con presencia a nivel nacional encargada de la seguridad pública. AMLO establecería así un sistema similar al de Colombia y rompería su promesa frente a los partidos de oposición de garantizar que las funciones de la Guardia Nacional serían civiles, un compromiso que en 2019 abrió el camino para establecer esta institución.
Aunque actualmente no se reportan, en términos absolutos, los mismos niveles de graves violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas que hace diez años, activistas observan con preocupación esta cesión de poder al ejército.
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