Si se concreta la presentación por parte del oficialismo de un nuevo proyecto de enmienda constitucional para instalar la posibilidad de reelección presidencial tendrá varias consecuencias.
Desde el punto de vista institucional, será un intento más de burlar a la institucionalidad del país, algo que se volvió peligrosamente habitual durante el actual periodo constitucional.
La imagen que prevalecerá es que con el poder económico se puede aspirar a conseguir cualquier cosa, no importa si eso implica pasar por encima de las leyes y la Constitución.
La iniciativa del cartismo obedece evidentemente a la creencia de que es un momento adecuado y a la impresión de que las condiciones están dadas. Existe un Parlamento venal, los partidos políticos están divididos y debilitados, no hay liderazgos que convoquen a la gente a tomar las calles y cunden la apatía y la indiferencia, a excepción quizás de los jóvenes, pero que no se deciden a vincular sus protestas a la política partidaria, tal vez justamente por el descreimiento hacia los dirigentes.
No obstante, arriesgarse el oficialismo a una jugada de este tipo, a través de mecanismos de dudosa legalidad y pese a las señales de indiferencia cuando no de abierto rechazo de la sociedad, habla de las ansias de poder del actual presidente Horacio Cartes cuyos límites son difíciles de evaluar.
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