A pesar de los avances en contar con la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia desde el 2016 y de haber incorporado y tipificado el feminicidio como una forma extrema de violencia vinculada con la desigualdad estructural que afecta a las mujeres por razones de género, es decir, por ser mujer, con una pena privativa de libertad de 10 a 30 años, los casos aberrantes no dejan de ocurrir. El reciente terrible episodio ocurrido en J. Augusto Saldívar, en que un hombre asesinó a su joven pareja mujer y luego se quitó la vida, muestra lo mucho que aún se debe trabajar en sistemas de prevención y educación, para tratar de que no ocurran más hechos similares. El Estado paraguayo no puede permitir que sigan muriendo mujeres víctimas de la violencia.
Aunque el Paraguay cuenta desde el 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de Violencia, en la cual se ha incorporado y tipificado el feminicidio, con una pena privativa de libertad de 10 a 30 años, los casos aberrantes no dejan de ocurrir.
Durante el 2020 se registraron más de 15.000 denuncias de violencia contra la mujer y 32 casos de feminicidios en el Paraguay, mientras que en el 2019 hubo 37 casos de asesinatos de mujeres. En el 2021, en solo un mes y medio de lo que va del año ya se contabilizan cuatro víctimas fatales, según el Observatorio de la Mujer, a los que se suman varios casos de intentos de feminicidio, incluyendo el último que ocurrió ayer en Amambay.
La Ley 5777/16 conceptualiza las diferentes formas de violencia contra la mujer, entre ellas violencia feminicida, violencia física, sicológica, sexual, contra los derechos reproductivos, patrimonial, laboral, política, intrafamiliar, obstétrica, mediática, telemática, simbólica y contra la dignidad. Sin embargo, solamente el feminicidio cuenta con sanción penal expresa en el instrumento legal.
El Estado paraguayo no puede permitir que sigan muriendo mujeres víctimas de la violencia.
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