El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, fue recusado por no intervenir ante casos en los que agentes del Ministerio Público supuestamente mostraron “parcialidad manifiesta” en favor del Indert. Esta acción fue promovida por ocupantes que se sienten perjudicados por operativos del Indert de recuperación de tierras.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Justo Cárdenas, promueve operativos para recuperar 250 hectáreas de la zona conocida como Punta Pistola (distrito San Alberto, Canindeyú), pues pretende anexar dicha superficie a la colonia Santa Lucía (Itakyry, Alto Paraná), que es colindante.
Según los ocupantes de Punta Pistola, que son miembros de una familia paraguaya de apellido González, varios fiscales se prestaron al atropello articulado por el Indert. El representante legal de los compatriotas, Abog. Gustavo Pedrozo, dijo que fueron recusados varios agentes por “parcialidad manifiesta” e incluso el viernes último se presentó recusación contra el mismo Díaz Verón, porque no intervino en todos estos casos donde se denunció violación de leyes y hasta de la Constitución.
“Nuestra propiedad fue allanada en más de cinco oportunidades. No puede ser que el fiscal general no esté en conocimiento de todos los allanamientos que piden sus fiscales y que no tome cartas en el asunto”, afirmó.
Según alegó el abogado, el ente rural había presentado denuncia por “invasión de inmueble” ante la Fiscalía General del Estado para recuperar tierras en la zona de Santa Lucía y se designó a la Fiscalía de Minga Porã para que investigue el caso. Posteriormente se realizaron varios operativos que en la práctica fueron desalojos sin orden judicial y también se dio curso a una denuncia del ente sobre desacato contra los González, que derivó en incautación de maquinarias.
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