El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 12º turno rechazó la demanda al Estado Paraguayo, por daños y perjuicios por alrededor de USD 40.000.000 a favor de excombatientes del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989.
De acuerdo a los antecedentes. los abogados Francisco Rene y Hector Rehnfeldt fundamentaron su demanda en los derechos adquiridos por esa participación irregular, el reconocimiento histórico, moral y económico por parte del Estado y por consiguiente una indemnización justa ya que los mismos sufrieron y sufren daños morales, psíquicos y por ende lucros en expectativas por beneficio cesante por el hecho acaecido, los apremios a los que están siendo sometidos constantemente con reproches sociales del entorno individual del porque no son beneficiados y reconocidos por parte del Estado, siendo...
En el análisis del juzgado se advierte que participación irregular e ilegal, y la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a los derechos del niño y los derechos humanos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, se aluden a hechos ilícitos, por lo que la misma pretensión es confusa, porque un acto no puede ser lícito o ilícito a la vez. El acto o es lícito o es ilícito, lo contrario, es una contradicción inadmisible.-
Dada tal confusa postulación de la parte accionante, habremos de referirnos a ambos regímenes de responsabilidad civil del Estado vigentes en nuestro ordenamiento, a saber: la responsabilidad directa del Estado por actos regulares prevista en el referido artículo 39 de la Constitución, y la responsabilidad indirecta o subsidiaria por actos ilícitos contenida en el artículo 106 de la Constitución y el artículo 1845 del Código Civil.-
“En el caso, al tiempo en que se promovió esta acción no existía siquiera ley alguna que admitiera la responsabilidad directa del Estado por los hechos acaecidos en la gesta revolucionaria del 2 y 3 de febrero de 1989. – No puede entonces, reclamarse tal clase de responsabilidad, so pena de quebrantar la referida normativa constitucional”, sostiene el juez Guillermo Trovato.
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