La abogada Alejandra Peralta Merlo, quien representa los intereses de los vecinos en un amparo presentado ante la Justicia para detener la construcción de una cocretera en una zona residencial, reiteró que esta industria se instaló en ese lugar con anuencia del MADES y del intendente de Luque, pese a disposiciones legales que lo prohíben.
Mencionó que los vecinos están muy preocupados y que su derecho a vivir en un barrio tranquilo, sin estar expuestos a ruidos molestos, camiones de gran porte y los productos que se procesan en el lugar, ya se ve afectado en cuanto al derecho a un ambiente saludable.
Este viernes, un importante grupo de vecinos se constituyó ante el Poder Judicial para la audiencia en la que fueron convocados los representantes legales de PREFORTE, para exponer su descargo respecto a los inconvenientes que ya generan a los residentes de la zona cercana a la industria.
“La habilitación de esta empresa se realizó mediante un acto ilícito: se les concedió un permiso pese a la expresa prohibición de una ordenanza municipal. El MADES otorgó el permiso de impacto ambiental; el artículo 6.º de la declaración de impacto ambiental dice claramente que esta declaración no puede ir en contra de ordenanzas municipales. En este caso, existe una ordenanza que prohíbe la instalación de industrias en zonas habitacionales”, afirmó Peralta Merlo.
Agregó que los vecinos están desprotegidos ante esta situación, que no solo pone en peligro a sus hijos, que asisten a los centros educativos del lugar por la circulación de camiones de gran envergadura, sino también afecta su salud.
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