Según la auditoría del Poder Ejecutivo, una larga lista de municipios y gobernaciones no cumplieron con las exigencias establecidas en la Ley 4758/12. Al cierre del 2019, el informe del Ejecutivo presentó el balance de la rendición de cuentas de la utilización de los recursos provenientes del Fonacide y entre las gobernaciones que están aplazadas figuran tres de extracción colorada, una de ellas la de Canindeyú, dirigida por César Tigre Ramírez.
Sin embargo, la Gobernación de Canindeyú aclaró, comunicado mediante, que las rendiciones están en regla. “Aclaramos que los requerimientos de las rendiciones indocumentadas pertenecen al segundo cuatrimestre del año 2018, es decir, pertenecen al otro gobierno departamental”, señaló la Gobernación en el mensaje, aludiendo a la administración del colorado Alfonso Noria.
“Recién en agosto del 2018, que ya pertenece al tercer cuatrimestre, asumimos como gobierno por lo que no existe ninguna responsabilidad administrativa ni financiera sobre el manejo y el destino de los fondos en cuestión”, señala el comunicado.
La actual administración de la Gobernación insiste que han cumplido “cabalmente con los informes del uso y la aplicación de los recursos” desde el inicio de su gestión.
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