Quyquyhó: Diligencias no arrojaron certeza positiva y se dicta sobreseimiento definitivo a 6 procesados

Quyquyhó: Diligencias no arrojaron certeza positiva y se dicta sobreseimiento definitivo a 6 procesados

A solicitud del fiscal Silvio Corbeta, el  juez Humberto Otazú hizo lugar al sobreseimiento definitivo de Vilma Concepción Fanego Otazú, Juan Agustín Fanego Otazú, Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez, Justino Ayala Galeano y Julián Olmedo Brizuela, procesados por presunta enriquecimiento ilícito y otros con fondos del municipio de Quyquyhó. En el requerimiento fiscal se detalla […]

A solicitud del fiscal Silvio Corbeta, el juez Humberto Otazú hizo lugar al sobreseimiento definitivo de Vilma Concepción Fanego Otazú, Juan Agustín Fanego Otazú, Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez, Justino Ayala Galeano y Julián Olmedo Brizuela, procesados por presunta enriquecimiento ilícito y otros con fondos del municipio de Quyquyhó.

En el requerimiento fiscal se detalla que a lo largo de la investigación no se pudo corroborar ni determinar la participación de los procesados Vilma Concepción Fanego Otazu, Juan Agustín Fanego Otazu, Julián Olmedo Brizuela, Justino Ayala Galeano y Andrés Isabelino Fulgencio Arrua Rodríguez en los hechos punibles de Administración En Provecho Propio Y Asociación Criminal puesto que, ha realizado todas las diligencias necesarias para determinar la participación de cada uno de los procesados y estas, no condujeron a un grado de certeza positiva en la conducta de los encausados.

En tanto que la resolución se funda en los artículos 17) de la C.N. de las garantías procesales; 4) Principio de Inocencia, 359) inc. 2 ambos del C.P.P. Sobreseimiento Definitivo, Corresponderá el sobreseimiento definitivo… 2) cuando, a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio…”.

Así también, lo dispuesto en el art. 54 “Objetividad” y el art. 315 “Investigación Fiscal” del C.P.P., el cual en su segundo párrafo establece que: “ El ministerio Público investigará para tratar de fundar la solicitud de apertura a juicio, pero se abstendrá de acusar cuando no encuentre fundamento para ello o los elementos que haya recogido no sean suficientes para lograr una condena”.

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