En febrero de 2016, el MOPC adjudicó a la empresa portuguesa Mota Engil la construcción de los tramos 4 y 3 del metrobús, con una longitud total de 11,5 km, desde frente al campus de la UNA en San Lorenzo hasta la calle Gral. Aquino de Asunción, por un monto de G. 300.417 millones (unos 51 millones de dólares), más la suma de G. 16.320 millones (2.800.000 dólares) para un consorcio español-chileno encargado de la fiscalización. Estos montos ya tuvieron incrementos de 34,4 y 33 por ciento, respectivamente, pese a que, tras más de dos años y medio de los trabajos, la empresa contratista ha completado apenas unos 800 metros. En contrapartida a estos mayores costos reconocidos por el MOPC, la desprolijidad y falta de planificación de los trabajos, así como su lentísimo avance en los tramos intervenidos, han generado un catastrófico perjuicio económico tangible a más de 130 comercios que se vieron obligados a cerrar y a los más de 1.200 empleados que perdieron su trabajo. ¿Quién pagará los perjuicios ocasionados hasta ahora por el descabellado proyecto del metrobús a los miles de personas directa o indirectamente perjudicadas en sus bienes y en su seguridad personal?
En febrero de 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó a la empresa portuguesa Mota Engil la construcción de los tramos 4 y 3 del Sistema Troncal para Bus de Tránsito Rápido (Metrobús), con una longitud total de 11,5 kilómetros, desde la avenida El Agrónomo, frente al campus de la UNA en San Lorenzo, hasta la calle General Aquino de Asunción, a lo largo de la Ruta II “Mariscal Estigarribia” y la avenida Eusebio Ayala. El monto del contrato fue de G. 300.417 millones (unos 51 millones de dólares al cambio actual). La fiscalización de la obra fue otorgada al...
Sin embargo, llamativamente, pese al descomunal atraso acumulado en el avance de la obra, durante los meses finales de la administración del ministro Ramón Jiménez Gaona el MOPC reconoció a Mota Engil un aumento de costo del 34,4 por ciento por encima del monto del contrato original, con lo que la obra pasó a costar (hasta ahora) G. 403.900 millones (más de 69 millones de dólares). Concomitantemente, el consorcio fiscalizador también recibió un aumento del 33 por ciento, con lo que su contrato original trepó a G. 21.638 millones (unos 3.700.000 dólares).
En contrapartida a estos mayores costos reconocidos por el MOPC, la desprolijidad y falta de planificación de los trabajos, así como su lentísimo avance en los tramos intervenidos, han generado un catastrófico perjuicio económico tangible a más de 130 comercios que se vieron obligados a cerrar y a los más de 1.200 empleados que perdieron sus puestos de trabajo por tal motivo. Si a esto sumamos los perjuicios intangibles de incomodidad, riesgos y demoras que diariamente sufren cientos de miles de pasajeros de los buses y automovilistas obligados a desviarse de sus itinerarios y circular por...
Es admisible, por supuesto, que obras de esta naturaleza generen incomodidades y aun perjuicios, pero nunca en la magnitud ocasionada en este caso por la imprevisión y chapucería atribuibles a autoridades y empresas contratistas. Peor aún, porque lo que está ocurriendo ha sido reiteradamente advertido por la prensa y técnicos calificados antes de comenzar la obra, pese a lo cual este proyecto con tufo a negociado siguió adelante.
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