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Seis años después, esta pregunta sigue vigente. La masacre ocurrida aquella mañana del 15 de junio de 2012 en Curuguaty, donde murieron once campesinos y seis policías, aún no está aclarada. La muerte de 17 paraguayos sigue impune, como también están impunes los responsables de encarcelar injustamente a once campesinos que ayer recuperaron su libertad.
El “Caso Curuguaty” es uno de los más emblemáticos de la lucha campesina en Paraguay. Por sus implicancias políticas, logró aglutinar a una diversidad de organizaciones sociales, partidos políticos y la solidaridad internacional.
Nuevamente, quedó en evidencia un sistema judicial perverso que apresó a once campesinos, luego de una investigación parcial realizada por el fiscal Jalil Rachid. Pero los presos no se rindieron jamás. Durante su prisión realizaron tres huelgas de hambre exigiendo su libertad y tuvieron el acompañamiento de los sectores sociales organizados. Se denunció una y otra vez, ante todas las instancias posibles, los vicios de la investigación fiscal y del posterior juicio, exigiendo su nulidad.
Esta semana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y absolvió de culpa y pena a los campesinos y campesinas condenados. En un país donde prima la injusticia, una decisión coherente de la máxima instancia judicial fue celebrada como un hecho histórico, sobre todo, dadas las implicancias políticas que tuvo la masacre.
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