WASHINGTON. La acusación de agresión sexual contra el candidato de Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, basada en hechos presuntamente ocurridos hace 36 años, plantea complejas cuestiones legales, técnicas y morales.
El nominado por el presidente para este cargo vitalicio, el juez conservador Brett Kavanaugh, de 53 años, es acusado por la académica Christine Blasey Ford de agredirla sexualmente cuando ambos eran adolescentes. Kavanaugh, hoy juez de un tribunal de apelaciones, lo niega enérgicamente.
Blasey Ford dice que el incidente tuvo lugar alrededor de 1982 en una fiesta con estudiantes de escuelas de élite en el rico suburbio de Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington DC. Afirma que Kavanaugh, borracho, la inmovilizó en una cama mientras trataba de desvestirse, mientras otro joven observaba, pero que ella se las arregló para escapar.
Blasey Ford no ha presentado cargos penales, pero si lo hiciera, el caso sería investigado en Maryland, donde los delitos graves de agresión sexual no prescriben. Sin embargo, sin sólida evidencia, los fiscales podrían negarse a tomar el caso. Eso dejaría al acusador la alternativa de presentar una demanda civil contra el atacante.
Hasta el momento, los abogados de Blasey Ford solo han solicitado al FBI que investigue las acusaciones como parte de su pesquisa oficial de antecedentes sobre la idoneidad de Kavanaugh para convertirse en juez de la Corte Suprema. Si el FBI lo investiga, solo enviaría sus conclusiones, y no un veredicto, a la Casa Blanca para su uso.
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