Estados Unidos, Europa y los países latinoamericanos están amenazando con escalar sus sanciones a Venezuela tras el fraude del régimen de ese país en las elecciones para gobernadores del 15 de octubre. Pero lo están haciendo de manera errónea, separadamente, cada uno por su lado.
Yo estuve entre los que, hasta hace poco, creían que las sanciones estadounidenses y europeas deberían limitarse a sanciones personales contra las cuentas bancarias y propiedades en el exterior del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus principales asesores.
Pero lo que sucedió en las elecciones de Venezuela del 15 de octubre fue tan escandaloso que está claro que se necesitará más presión internacional para que Maduro permita elecciones libres.
A pesar de una economía colapsada con una tasa de inflación de 1.000% por año, la más alta del mundo, y con encuestas que mostraban que el 80% de la gente quiere la salida de Maduro, el gobernante venezolano afirmó que había ganado el 80% de las gobernaciones del país.
Además de sus trucos habituales –como el uso masivo de recursos estatales para respaldar a los candidatos del Gobierno, la censura a los medios y la compra de votos a través de programas de distribución de alimentos–, el régimen de Maduro impidió físicamente que muchas personas en bastiones de la oposición pudieran emitir sus votos.
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