WASHINGTON (AFP). La Carta Democrática Interamericana, que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó como una opción para atender la crisis en Nicaragua, es un mecanismo concebido en casos de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en uno de sus Estados miembros.
¿Alteración y ruptura? La Carta prevé varias vías que permiten invocarla. Según el artículo 17, un Gobierno de un país miembro puede recurrir al secretario general o al Consejo Permanente para pedir asistencia en caso de “riesgo” para la democracia o su ejercicio en el poder.
Este caso ocurrió en Ecuador en 2005, cuando el presidente interino, Alfredo Palacios, solicitó la intervención de la OEA tras el derrocamiento del mandatario Lucio Gutiérrez. De otro modo (artículo 18), la iniciativa también puede surgir del Consejo Permanente o el secretario general para, con el consentimiento del Gobierno afectado, realizar gestiones diplomáticas en ese país. A petición de varios países centroamericanos, la OEA intervino en la crisis institucional que se vivió en Nicaragua hacia el final del período de Gobierno del presidente Enrique Bolaños (2002-2007).
Pero la Carta también prevé escenarios de “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” o de “ruptura del orden democrático” (artículo 19) , en los cuales la OEA puede intervenir sin el consentimiento del Gobierno afectado. Un caso de “ruptura” democrática fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. Una Asamblea General extraordinaria del organismo hemisférico convocada poco después suspendió al país centroamericano por casi dos años, siguiendo el artículo 21 de la Carta.
Papel del secretario general. Pero en caso de grave “alteración” de la democracia, el artículo 20 faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.
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