La Contraloría, que avaló la fortuna de Santiago Peña, envió a Diputados dos anteproyectos: uno para restituir la ley de conflicto de intereses bastardeada por el exmandatario y otro para autoasignarse mayor poder.
El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, y el subcontralor Armindo Torres (quien cuando era director de Declaraciones Juradas en ese entonces) firmaron el “ al ahora expresidente de la República, Santiago Peña en la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, ahora plantean reformas legales a Diputados.
Uno de ellos, el más interesante y poco cuestionable es el anteproyecto que pretende restituir a su versión original la Ley N° 7089/2023 “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública” y sobre todo,”.
Apenas asumió Peña, junto con su mayoría cómplice en el Congreso, bastardearon e inutilizaron la Ley contra el conflicto de intereses, modificando 18 artículos y derogando, entre otras cosas, la prohibición de las puertas giratorias, como se conoce a los funcionarios públicos que tras ocupar cargos clave en el Gobierno, pasan a la función pública y viceversa.
El tiempo y el caso Ueno Bank revelaron el motivo claro por el cual Peña anuló dicha ley, al nombrar al expresidente de Financiera Ueno, el ahora preso e imputado , como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), que según la Fiscalía contribuyó a encubrir las operaciones de “vaciamiento” del banco a través de préstamos a empresas vinculadas.
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